LUC, PAREDÓN y DESPUÉS -

En referencia a la Dirección Nacional de Políticas de Género en el Ministerio del Interior: “De llevarse a cabo el anuncio, no habría duda que las cifras de denuncias de violencia basada en género bajarían casi que inmediatamente.  Ello no significaría que exista una disminución de la violencia, sino serios obstáculos para poder realizar la denuncia y obtener la debida respuesta”.  

 “Vení, que te anuncio toda” Febrero 2020

Por: Marina Morelli Núñez

Aunque en más de una ocasión me calificaron como Bruja, la realidad es que no tengo facultades premonitorias y “Vení, que te anuncio toda” fue el análisis liminar de un anuncio tan escueto como definitivo: se crearía una Dirección Nacional de Políticas de Género en el Ministerio del Interior. Y confieso que nunca antes había escrito con tantas ganas que estar equivocada. 

Aunque es un conocimiento de mínima, hoy parece imprescindible decir que hay una diferencia para nada sutil entre la existencia de situaciones de violencia hacia las mujeres y la denuncia de esa violencia ante el sistema policial y de justicia. Se trata de dos dimensiones que conceptualmente se distinguen y tienen su propia naturaleza, elementos, procesos, componentes, características, sujetos intervinientes, entre otros.  Por ello, si tomamos a cualquier sociedad en un momento y tiempo determinado, no podemos equipar el número de denuncias con el número de situaciones de violencia que viven las mujeres, sin que ello implique incurrir en un razonamiento deductivo que parte de un silogismo erróneo: todas las mujeres víctimas de violencia basada en género denuncian; las denuncias de violencia basada en genero descendieron y por lo tanto concluyo que la violencia basada en género descendió. Ello no es más que una invención y si se trata de un examen estudiantil, le dirían a usted que se la llevó a febrero. 

Los estudios que han buscado establecer cuál es el porcentaje de representatividad, coinciden que la denuncia es la “punta del iceberg”, e incluso se logra diferenciar según el tipo de manifestación de violencia basada en género, habiendo algunas como la violencia sexual que permanecen mayoritariamente en lo privado y secreto, siendo ínfima la puesta en conocimiento de autoridades.

Por ello, sabe una sociedad -no de avanzada- meridianamente civilizada en términos de humanidad, que no hay motivo alguno para alegrarse ante el descenso estadístico de denuncias de violencia basada en género. Y sabe cualquier gobernante –no experto- meridianamente responsable, que, si el descenso es sostenido en distintas mediciones, se debe con urgencia buscar y corregir las fallas que están afectando al sistema de recepción de denuncias. 

En abril de 2020 se publicó “Desconsiderada Urgencia” elaborado para la Cooperativa Mujer Ahora, dándome la oportunidad de profundizar sobre el anuncio y otro tres artículos del entonces proyecto de LUC. El 8 de mayo y el 19 de junio de 2020  junto a otras organizaciones sociales se concurrió ante las Comisiones Especiales para el estudio del proyecto de LUC en Cámara de Senadores https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S202000451352480.HTML# y Cámara de Diputados  http://www.diputados.gub.uy/wp-content/uploads/2020/06/0080.pdf, respectivamente.  El sistema parlamentario parecía automatizado cumpliendo la mera formalidad de recibirnos a contra reloj, sin tiempo para intercambiar o analizarlo conjuntamente.  La votación fue muy significativa por la ausencia de debate, unos minutos en Diputados    para quien desde la oposición planteó la preocupación y en  el Senado para quien desde el oficialismo dijo que estaba empeñada la palabra para que no se produjera, lo que efectivamente hoy ya es una realidad.

La realidad es que desde la entrada en vigencia de la LUC, regresaron a las Comisarias viejas y olvidadas practicas policiales de emitir comentarios que avergüenzan, intimidan y disuaden a las víctimas a presentar la denuncia, pasando por excesivas e injustificadas demoras en la comunicación a Magistrados/as  y  no registrar denuncias en el Sistema de Gestión y Seguridad Publica, hasta  llegar a negarse a recepcionar denuncias y ampliaciones, con la excusa que solo las Comisarias Especializadas en Violencia Doméstica y Género tienen competencia para intervenir. Estas prácticas se sostienen, profundizan y legitiman desde las autoridades y lógica institucional cuando se refuerza la idea que quienes tienen que llevar adelante el procedimiento son las Comisarias Especializadas y no las Comisarias Comunes; cuando las directivas ejecutivas del Estado Mayor Policial especializado en violencia de género y domestica tiene un énfasis en lo operativo sobre el personal  que se encuentra en las Comisarias.  

Entonces hoy esta comenzando a suceder  - con mayor velocidad de lo previsto-  lo que advertimos sucedería en cuanto a que de las 326 Comisarias a las cuales las victimas podían acudir a denunciar solo quedarían 56 que eran las especializadas en todo el territorio nacional, convirtiendo a la policía en un recurso poco accesible y de lejanía para las victimas; y que de los miles de funcionarios/as policiales  se pasaría a contar con aproximadamente 500 policías en 56 dependencias para afrontar anualmente casi 40.000 procedimientos, lo cual es materialmente imposible. Al menos, sin afectar negativamente la calidad del servicio policial. 

Advertimos al tiempo de la discusión de la LUC:

“En resumidas cuentas, las victimas acuden a la Seccional Policial y ese lugar con esos funcionarios/as representan en la cultura ciudadana la cara visible del Estado al cual se pide ayuda y protección. Al presente y numéricamente, se traduce en 326 lugares (entre Seccionales Policiales y Unidades Especializadas en Violencia Domestica y de Género) distribuidos estratégicamente en el territorio nacional: norte, sur, centro, este, oeste, en urbanidad o ruralidad existe un lugar de cercanía al cual las victimas pueden acudir.

De aprobarse el articulo proyectado y crearse una Dirección Nacional contra la Violencia de Género, la misma trabajará con sus propios recursos materiales y humanos, como cualquier otra Dirección Nacional del Ministerio del Interior.  Aunque el texto legal nada dice al respecto, podemos suponer para el mejor de los casos, que todas las Unidades Especializadas en Violencia Domestica y de Género se absorberán en la nueva Dirección.  Dichas UEVDG totalizan 56 a nivel país.

La decisión institucional se traduciría en que de los 326 lugares en los cuales hoy las victimas pueden acudir a denunciar su situación y solicitar garantías a su vida y seguridad, solo quedarán 56 en todo el territorio nacional. De aprobarse el texto proyectado, la policía nacional dejaría de ser un recurso accesible y de cercanía, para pasar a poco accesible y de lejanía.  Si ello se evalúa en el marco de la cultura imperante que nos indica que las victimas al tiempo de hacer la denuncia eligen a la policía en lugar del juzgado, el impacto será altamente negativo” 

Y en éste punto radica una arista fundamental, que el sistema parlamentario y político partidario se negó a entender.  

“Las Direcciones Nacionales del Ministerio del Interior, (Educación Policial, Asuntos Sociales, Bomberos, Apoyo al Liberado, Identificación Civil, Migración, Policía de Tránsito, Policía Científica) cuentan con Sub Direcciones Nacionales, Direcciones Generales, Unidades y Divisiones.  La nota característica que en estas líneas nos interesa resaltar, radica en que cada una de las Direcciones trabaja con sus propios recursos humanos y materiales.  Ello no es una cuestión meramente formal, de orden o jerárquica, sino de impacto directo en la forma en la cual se brinda el servicio policial a las personas que así lo requieren.

A título de ejemplo: cuando se necesita renovar la cédula de identidad, una persona no puede concurrir a cualquier seccional policial y hacer el trámite, sino que debe dirigirse a las oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil que, con sus funcionarios, sus sistemas informáticos, su propia agenda y su equipamiento le dará tramite a su solicitud y le entregará la cédula. Dicho de otra manera: como ir a una seccional la persona podrá ir, pero la ida será inútil para el objetivo que persigue porque allí no encontrará al personal de la Dirección Nacional de Identificación Civil y el funcionariado que trabaja en la Seccional Policial no le expedirá ninguna cedula de identidad.  Si una persona esta frente a una emergencia de incendio de su casa, no existe la posibilidad de pedir ayuda a la Seccional Policial del barrio y que de allí salgan un grupo de policías en un camión cisterna a apagar el incendio. Si ese es el único pedido de ayuda del cual se depende, la casa quedará hecha ceniza porque en las comisarías no hay camiones de bomberos y tampoco hay bomberos. Para hacer frente a la emergencia siempre habrá una comunicación con un destacamento de la Dirección Nacional de Bomberos que posee el personal y los medios.  La Seccional Policial del barrio lo máximo que podrá hacer por una persona a la cual se le incendia la casa, es llamar a un destacamento de bomberos para dar cuenta de la emergencia, pero apagar el fuego no podrá.

Y así se puede ensayar pensamientos con cada Dirección Nacional del Ministerio del Interior y comprender como funciona el servicio respecto de la ciudadanía. El funcionariado policial que encontramos en seccionales policiales dependen jerárquicamente de las Jefaturas Departamentales y no le emiten una cédula ni un pasaporte, ni concurren a sacar huellas a una escena criminal, ni investigan a un comisario corrupto, ni dan apoyo a un liberado, ni otorgan una jubilación, ni apagan un incendio. Porque esas tareas son competencia de las Direcciones Nacionales que las llevan a cabo con sus propios funcionarios, en sus dependencias y con sus recursos materiales.

Entonces a no ser que se esté diseñando un cambio absolutamente innovador del sistema policial, - tal cual lo conocemos- la lógica institucional aplicada a la creación de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género tendrá -por varias razones- un impacto devastador en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia basada en género. …”

Cuando se votó afirmativamente la LUC me pregunté ¿qué era lo que no se estaba comprendiendo? y ¿qué nos faltó explicar?, como queriendo encontrar una razón lógica a una decisión política. Lo cierto es que la representación político  partidaria no escuchaba a las organizaciones de la sociedad civil que recibía.  Ni siquiera tomaba seriamente los planteos, en algunas comisiones mientras las organizaciones expusimos, había  más charlas y risas de fondo que atención a la exposición. Lo que decíamos no era un tema importante para quienes nos oían, al punto tal que no ameritaba construir algún argumento para refutar nuestro análisis. Como en tantas otras ocasiones, el tema era de segunda. Se explicó una y cien veces las razones por las cuales crear una Dirección Nacional de Políticas de Genero en el Ministerio del Interior, significa crear obstáculos para el acceso al sistema de justicia y con ello ocasionar un impacto tremendamente negativo en el sistema de protección a las victimas sobrevivientes de situaciones de violencia basada en género. A la luz de lo sucedido, todos los esfuerzos resultaron insuficientes.

Seguridad Ciudadana y Género considerados aisladamente, constituyen dos temas sumamente complejos, cuyo abordaje debe ser riguroso, técnico, profesional e interdisciplinario. Cuando ambos temas se abordan conjuntamente y en referencia al diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de la política pública, el aumento de su complejidad es exponencial. La decisión política de crear una Dirección Nacional de Políticas de Género en el Ministerio del Interior no fue la consecuencia lógica de ningún proceso de evaluación sólido y profesional, lo que suponía contar con estudios cuantitativos y análisis cualitativos que condujeran a determinada conclusión en función de la cual se adoptarían decisiones de gobierno eficaces y eficientes. De lo que se trato es de una decisión irresponsable, adoptada con liviandad sin dimensionar las consecuencias e impacto en la vida de las mujeres victimas de violencia y la manera en la cual se efectiviza el servicio policial.

Hoy, el Recurso de Referéndum contra la Ley N° 19.889, es la oportunidad ciudadana de corregir la más nefasta política pública de seguridad en materia de violencia basada en género que se sintetiza en la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género en el Ministerio del Interior. 

Ojalá la ciudadanía entienda un poco más que los gobernantes.