VENI QUE TE ANUNCIO TODA

Los recientes anuncios sobre la creación de una Dirección Nacional contra la Violencia de Género en el Ministerio del Interior y la decisión de negar la custodia policial a las víctimas con alto riesgo de vida, son acciones que de llevarse a cabo tendrían alto potencial para desmontar el sistema de protección y obstaculizar –aún más- el acceso a la justicia.

Por: Marina Morelli Núñez

Hay ocasiones en que las políticas públicas deben ser fortalecidas (dadas sus bondades), mejoradas (ya que se detectan deficiencias) o eliminadas (porque han sido un fracaso). La decisión solo puede ser la consecuencia lógica de un proceso de evaluación sólido y profesional, lo que supone contar con estudios cuantitativos y análisis cualitativos que conducen a determinada conclusión en función de la cual se adoptan decisiones de gobierno eficaces y eficientes. Por otra parte, es evidente que si existe un cambio de autoridades de gobierno, el proceso de evaluación resulta imprescindible para poder adoptar decisiones sobre las políticas creadas por quienes les precedieron.  En un sistema democrático de derecho, una puede descartar que quienes ejercen el poder gubernamental adopten sus decisiones basados en cuestiones autorreferenciales, o anécdotas de vida, o lo que les contó una tía o en virtud de favores. Sencillamente, esa hipótesis resulta inadmisible.

Durante los últimos días, el futuro gobierno hizo varios anuncios en relación a la política pública de violencia basada en género que llevarán adelante en el Ministerio del Interior.  A la ciudadanía estos anuncios nos llegan en titulares de prensa y escuetas declaraciones, sin análisis, sin evidencia, ni explicación profunda. Así anunciado los asuntos, desconocemos cual es el sentido, la razón, los datos, el análisis y la argumentación que sustenta la idea de quebrar una política pública.

Una de ellas radica en la creación de una Dirección Nacional contra la Violencia de Género. Así expresado suena a que se jerarquizaría institucionalmente la hasta ahora División de Políticas de Género dependiente de la Dirección General del Ministerio del Interior. Sin embargo, un análisis del anuncio puede  invitarnos a pensar sobre la probabilidad de implicancias tremendamente negativas para el acceso al sistema de justicia por parte de las victimas sobrevivientes. 

Toda la ciudadanía sabe que cada Dirección Nacional del Ministerio del Interior, la que usted elija pensar (Bomberos, Apoyo al Liberado, Asuntos Internos, Guardia Republicana, Identificación Civil, Transito, Científica, Investigación, Migración) trabajan con sus propios recursos humanos y materiales. En este contexto sería   bastante improbable que una Dirección Nacional tenga la capacidad de afrontar la investigación policial de casi 40.000 denuncias anuales de violencia basada en género.

Quizá la mayoría  piense que se trata de algo lejano y sin impacto en su vida. Sin embargo, si piensa en cualquier otra Dirección Nacional perteneciente al Ministerio del Interior, puede lograr visibilizar con más claridad en que consiste el impacto.

Por ejemplo, cuando usted necesita renovar su cédula de identidad no puede concurrir a cualquier seccional policial y hacer el trámite, sino que debe dirigirse a las oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil que, con sus funcionarios, sus sistemas informáticos y su equipamiento le dará tramite a su solicitud y le entregará la cédula. Dicho de otra manera: como ir a una seccional usted podrá ir, pero la ida será inútil para lo que usted busca porque allí no encontrará al personal de la Dirección Nacional de Identificación Civil.  O piense en que si esta frente a una emergencia de incendio, no existe la posibilidad que de pedir ayuda a la seccional policial de su barrio y que de allí salgan un grupo de policías con un camión a apagar el incendio. Porque sencillamente sabemos que en las comisarías no hay camiones de bomberos y tampoco bomberos. Siempre habrá una comunicación con un destacamento de la Dirección Nacional de Bomberos que posee el personal y los medios para ir y hacer frente a la emergencia. Y así se puede ensayar pensamientos con cada Dirección Nacional del Ministerio del Interior y fácilmente comprender como funciona el servicio respecto de la ciudadanía. La persona policía que usted encuentra en las seccionales policiales y dependen de las Jefaturas Departamentales no le emiten una cédula ni un pasaporte, ni concurren a sacar huellas a una escena criminal, ni investigan a un comisario corrupto, ni dan apoyo a un liberado. Porque esas tareas son competencia de las Direcciones Nacionales que las llevan a cabo con sus propios funcionarios, en sus dependencias y con sus recursos materiales.

Entonces a no ser que se esté diseñando un cambio absoluto del sistema policial, la lógica institucional - tal cual lo conocemos- aplicada al anuncio del futuro gobierno, implicaría que de los 326 lugares en los cuales hoy las victimas pueden acudir a denunciar su situación y solicitar garantías a su vida y seguridad, solo quedarán 56 en todo el territorio nacional y en el mejor de los casos. Dicho de otra manera: las 270 seccionales policiales con miles de funcionarios que dependen de las respectivas Jefaturas Departamentales, dejarían de ser el lugar donde acudir y las personas que realizarían el procedimiento policial. Las dependencias policiales quedarían limitadas a 56 Unidades Especializadas en Violencia de Género con poco más de 500 policías, suponiendo que esas dependencias y funcionarios pasaran a depender de la Dirección Nacional cuya creación se anunció.

Una se pregunta: ¿cómo podrían poco más de 500 policías en 56 dependencias afrontar anualmente casi 40.000 procedimientos?

Si ello fuera así, el impacto en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas sobrevivientes a violencia basada en género, seria por completo devastador. Sobre todo, porque la cultura imperante provoca que se acuda a pedir ayuda y protección ante la policía en una cifra exponencialmente mayor que quienes acuden directamente a los juzgados.

De llevarse a cabo el anuncio, no habría duda que las cifras de denuncias de violencia basada en género bajarían casi que inmediatamente.  Ello no significaría que exista una disminución de la violencia, sino serios obstáculos para poder realizar la denuncia y obtener la debida respuesta.  

Otro anuncio nos adelanta la decisión de negar la custodia de protección a las víctimas sobrevivientes que se encuentran en riesgo de vida y destinar los recursos materiales y humanos del Estado a custodiar a las personas agresoras – que en ningún modo ameritan ser protegidas-.  

Sabemos que el Ministerio del Interior es un auxiliar de las autoridades judiciales, por lo cual es impensable que Magistrados/as dispongan una custodia policial y el Ministerio del Interior se niegue a otorgarla: ¿en función de que lo haría?  En los no pocos casos en los cuales las personas agresoras se encuentran prófugas ¿enviaría a la policía a pasear por el país con el anhelo que se cruce al agresor y entonces lo custodie?  Como es posible que se desconozcan la cantidad de agresiones que son objeto las víctimas y provienen de los círculos de lealtades del agresor que queman casas, se presentan en sus lugares de trabajo para convencerlas de ´retirar´ denuncia, las agreden físicamente, las amenazan con sus hijos, las echan de sus barrios ¿que amerita que Estado ignore la realidad y deje sola a la víctima?  No se está pensando en los múltiples y altos riesgos en los cuales se coloca e innecesariamente expone a la policía al obligarlos a estar en lugares, horas y con personas que no debería. La custodia que se proyecta es radicalmente distinta a un traslado o conducción desde la comisaria a fiscalía o juzgado, y también lo son las condiciones de seguridad personal para la policía. 

No existe una manera lógica de explicar este anuncio de abandono a la protección de la vida y seguridad de las victimas sobrevivientes. No se da a conocer ningún factor objetivo de evaluación que motive y nos explique una decisión de tal magnitud.  Nadie es capaz de afirmar que cada 200 custodias han resultado agredidas o asesinadas 101 víctimas, o que sin ninguna ser asesinada 50 denunciaron un desempeño deficiente de la policía, porque esos datos no son reales. 

En un contexto democrático, quienes ejercen el poder gubernamental nos otorgan argumentos, cifras y toda la información que sustenta su decisión. Ello permite -en el ejercicio de nuestra ciudadanía- comprender cabalmente la motivación de las decisiones. Cuestión aparte será el acuerdo  con la decisión, o el pensamiento critico que sustente el desacuerdo.

Toda política pública de seguridad puede ser fortalecida, mejorada o eliminada, siempre y cuando la decisión obedezca a un proceso de evaluación, estudio, análisis y conclusiones sobre los resultados de la política existente. El anuncio es lo que sigue luego, mucho después.  

Por lo pronto, solo conocemos lo segundo y ni siquiera tenemos certeza que exista lo primero. 

Quizá  por ello y hasta tanto nos expliquen las razón de las decisiones,  los anuncios me suenan a "vení que te anuncio toda".