¿ Gobierno de puertas abiertas ?
Por: Marina Morelli Núñez
Las organizaciones que componen esta red trabajan la temática mucho antes que el Estado Uruguayo contara con servicios, leyes, programas y políticas públicas en materia de violencia las mujeres; y de hecho fue su denuncia, reclamo y labor sostenida la que nos explican la propia existencia de las políticas públicas, leyes, programas y servicios. Sin la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, el Estado uruguayo tendría un déficit mayor al que presenta en la actualidad.
El reconocimiento al acumulado y la generosidad en brindarlo para la construcción de respuestas estatales, le valió la representatividad de la sociedad civil garantizada por ley en diversos espacios a nivel nacional y departamentales.
En la historia del hoy denominado Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres creado en 2002, ningún gobierno, excepto el actual, se atrevió a silenciar la voz de la sociedad civil, pese a la molestia que siempre genera el control social sobre todos los poderes del Estado. En general, nunca se vio expresiones de felicidad en el rostro de los sucesivos gobernantes al escuchar los planteos, reclamos y propuestas de la sociedad civil. Lo cierto es que siempre escucharon y aún en la discrepancia existió la altura de estilo que la temática exige.
Y cada quien encontrara la explicación a lo sucedido de la manera que quiera o pueda, desde que faltó una silla, pasando porque se despistó quien organizaba, los nervios del protocolo hasta el olvido involuntario. Y así poder considerarlo un hecho lamentable desde el punto de vista democrático, pero aislado.
La memoria colectiva siempre ayuda para intentar explicar lo que está sucediendo, por eso es buena cosa rescatar otros hechos que podrían colaborar.
En setiembre de 2021 la RUCVDS en virtud de la vigencia del Estado de Emergencia Nacional en Violencia basada en Género hacia las mujeres y el rol institucional del Ministerio del Interior en el sistema de respuesta, realizo un llamamiento público y urgente al Presidente de la República, para que adoptara medidas que permitieran revertir el deterioro de la calidad del servicio policial que se brinda a las víctimas sobrevivientes de violencia basada en género. No hubo respuestas. Ante el silencio, la RUCVDS solicitó en setiembre y reiteró en octubre de 2021, ser recibidas por Presidencia. No hubo respuesta, ni siquiera acuse de recibo de los correos electrónicos enviados. También en 2021 el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, resolvió que la RUCVDS se quedara sin una sede física en la cual funcionar, ya que el proyecto presentado para renovar el plazo en el uso del inmueble mediante el pago que se realizaba, ya no conformaba a las aspiraciones de los gobernantes. En 2020 mediante la Ley de Presupuesto Nacional para el período de Gobierno 2020-2024 se modificó el artículo 18 de la Ley Nº 19.580 y -entre otras cosas igual de lamentables- se eliminó a la RUCVDS como integrante del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. A partir de esa modificación el Estado invita a quien quiere, cuando quiere y podrá ser la RUCVDS o quien le venga en gana o mayor simpatía de los gobernantes de turno.
Y claro está que cada quien encontrará la explicación a lo sucedido en el acto del 25N de la manera que quiera o pueda. Quizá lo más relevante en términos de democracia, radique en entender que el rol estatal consiste en garantizar la participación ciudadana y no obstaculizarla o impedirla de manera arbitraria. Y en ello se nos va el estado de derecho.
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