EMERGENCIA NACIONAL: hay declaración falta plan




Un momento histórico difícil de dimensionar, ya que en pocas décadas el Estado Uruguayo paso de negar la existencia de la violencia hacia las mujeres como tal, a una declaración de estado de emergencia.  Y hay que reconocer que en cuestiones de estados de emergencia es obvio que la industria ganadera tiene más experiencia que la ciudadanía, porque vivimos en un país en el que históricamente las vacas han importado más que las mujeres. 

Por: Marina Morelli

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El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dictó una resolución presidencial en Consejo de Ministros que declara el estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género, en una acción estatal sin precedentes que constituye un hecho histórico.

Una acción de esas características solo habrá de poder evaluarse positiva o negativamente una vez que se aplique un plan de emergencia -donde se define las políticas, la organización y los métodos - y un plan de contingencia -como componente del anterior- que contendrá los procedimientos específicos para la pronta respuesta.

En este estado de desarrollo democrático alcanzado en el país, la ciudadanía sabe que esos planes tienen un plazo para el inicio que es urgente y otro para su ejecución. No existen los planes de emergencias eternos. Es de esperar que en las próximas horas o como máximo una semana se conozca en detalle ambos planes de emergencia y contingencia, respectivamente, y se cite al ´Comité de Emergencia Por Una Vida Libre de Violencia de Género´ para que comience a trabajar. La ciudadanía conoce que una emergencia nacional no tiene relación alguna con el proceso de transición gubernamental y menos aún con la asunción de un nuevo mandato que dará inicio en un par de meses. La puesta en marcha del plan no admite la más mínima demora.

La ciudadanía sabe bien que cualquiera sea la emergencia nacional que enfrentemos, la resolución que a ella refiere no la constituye ni la crea, sino que se limita a reconocer su existencia previa. La emergencia siempre precede a su declaración, de otro modo no tendría sentido. También que las intervenciones planificadas que se aplican son a corto-mediano plazo y jamás nunca van a solucionar la temática de fondo ni atacar raíces y causas, porque justamente lo que se atiende es una emergencia. 

La ciudadanía es consciente que cada declaración de emergencia nacional conlleva la crítica desmedida y hasta en ocasiones miserable y vulgar de personas que no comparten la valoración minimizando la especificidad del problema. La ciudadanía sabe que quienes se hacen cargo de los estados de emergencia son aquellas personas que tienen destacado conocimiento en la temática de la cual se trate.

La ciudadanía conoce muy bien que un estado de emergencia declarado no tiene la más mínima relación con una cuestión político partidaria, ni con una sensibilidad especial o estado del alma.  Sabe que para la adopción de las declaraciones no hay mejores días que otros, ni inhábiles o hábiles, ni época estival o de invierno, porque no se trata de la organización de un evento festivo sino de atender un estado de emergencia que se basa en parámetros objetivos.

La ciudadanía también sabe que la violencia hacia la mujer basada en género – a la que refiere la declaración de estado de emergencia- no es sinónimo de femicidio, tampoco lo es de violencia intrafamiliar o doméstica. Y por eso comprende bien que el estado de emergencia tiene por objeto a la violencia basada en género lo que implica abocarse a dieciocho formas distintas de manifestación de violencia que son parte de la legislación de fuente nacional y cuyos responsables son personas e instituciones del ámbitos público y privado.

Sabe la ciudadanía que las declaraciones estatales siempre son tan tardías, incompletas e insuficientes como necesarias para atender la emergencia que afecta al país.  También conoce que el Estado Uruguayo hizo gala de la omisión e incumplimiento a las obligaciones adquiridas a nivel interno e internacional, y que hasta hace muy poquitas décadas negaba la propia existencia de violencia hacia las mujeres como tal, calificándolo de un invento interesado y mal intencionado de los movimientos de mujeres y por excelencia del movimiento feminista. 

La ciudadanía es bien consciente que cada política pública, cada programa, cada área, cada derecho, cada servicio fue previa y altamente resistido por quienes continúan sin ver la necesidad y que por lo tanto no han sido avances, sino conquistas que como tales, siempre están en riesgo.

La ciudadanía conoce, sabe y entiende de múltiples emergencias nacionales, sobre todo las agropecuarias y vitivinícolas por inundaciones o por sequía, conoce de la emergencia por ausencia de asistencia anestésico quirúrgica, entre otras que en los últimos años enfrentó como país.  De todo eso tenemos mucha experiencia.

Aunque es necesario reconocer que en cuestiones de estados de emergencia es obvio que la industria ganadera tiene más experiencia que la ciudadanía en general, porque vivimos en un país en el que históricamente las vacas han importado más que las mujeres.  

Hoy parece que esa historia tiene un quiebre y aunque simbólico - como toda declaración estatal-  resulta indispensable no distraerse de lo esencial.


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