ACOSO SEXUAL EN LA UDELAR: sobra discurso falta política de cero tolerancia
ACOSO
SEXUAL EN LA UDELAR
Sobra discurso falta política de cero tolerancia
Construir política o
hacer como que la construimos
La política de cero tolerancia al acoso sexual esta constituida
por un conjunto armónico de al menos cuarenta acciones diseñadas a medida de la
institución y aplicadas estratégicamente, con recursos humanos calificados y
materiales suficientes. Esa política no
se construye a impulso de buenas intenciones, preocupaciones o buenas
voluntades, ni por la alarma publica ante situaciones puntuales, ni es el
resultado de negociaciones de derechos innegociables. Por el contrario, se
requiere de asesoramiento, conducción externa del proceso que rompa con la lógica
del poder y lealtades internas, rigurosidad en el diseño a medida de cada
acción y solo así es posible alcanzar un nivel de excelencia que posibilite
encaminarse seriamente hacia una política de cero tolerancia que este a la
altura de una institución universitaria como la Udelar.
Todo lo demás, es puro discurso.
En lugar de construir esa política, la Udelar se ha embarcado en
la técnica del emparchado que ha consistido en generar un par de acciones sin
conexión lógica entre sí, de mala calidad, llevadas a cabo a destiempo,
sostenidas a impulso de voluntarismo de quienes se posicionan contra la cultura
imperante de naturalización y justificación del acoso sexual, sin la
legitimación indispensable. Así no se construye política de cero tolerancia, en
realidad, esta es la mejor forma de asegurar por un lado, el espacio acogedor
para quienes decidan violentar garantizándoles la impunidad y por el otro, la
ejecución de violencia institucional para quienes recurran a la interna a
denunciar el acoso sexual del cual han sido víctimas.
Es posible, pero es muy poco probable que aspectos tan básicos
sean desconocidos por las personas que integran la Universidad de la República,
que indiscutiblemente concentra las mejores y más pensantes mentes del ámbito
académico nacional. Habilitar esta
probabilidad de ignorancia resulta bastante inocente. Tiendo a explicar la situación en base a la
cultura institucional imperante de aceptación y como los sistemas
institucionales suelen crear mecanismos de debilitamiento para esas corrientes
que pretenden transformaciones – o dicho académicamente para que no jodan
tanto-. Y así finalmente, ese grupo minoritario que invierte tiempo de vida en
querer cambiar el estado de situación desde adentro, son habilitadas a
funcionar en marcos, espacios y grupos que carecen de legitimación, de
recursos, de atribuciones, de competencias y de potestades. En definitiva, es
el propio sistema que asegura que no molesten demasiado manteniéndolas ocupadas,
que piensen que están avanzando, para luego pasar por un tamiz lo que allí
surja y plantar lisa y llanamente la resistencia al avance. Quienes querían
desde adentro cambiar culminan siendo enteramente funcionales al sistema, con
el achate y mediocridad de quienes se mueven dentro de la estructura publica
teniendo a la misma como limitante. Y para este entonces, la institución no
arranca desde cero sino desde menos veinte.
La comunidad académica
y su hipocresía
Hace diez años que entró en vigencia una norma
específica y la Udelar- como cualquier otra institución pública o privada de
este país- carece de una opción legítima
de cumplir o no con las obligaciones que la norma pone a su cargo.
Una década después brillan por su ausencia las
acciones de mínima tales como: personal
capacitado para aplicar un sistema detección temprana mediante la correcta
lectura de indicadores, evaluación periódica del ambiente laboral y educativo,
incluir en todas las inducciones al personal y en todos los espacios de
bienvenida a las nuevas generaciones información sobre la temática y
posicionamiento institucional; previsión
especifica en cada uno de los pliegos de los procesos licitatorios internos y
externos; clausula especifica en cada contrato con proveedores; clausula
especifica en cada vinculación jurídica con docentes; integración de la
temática a los estatutos docentes, de funcionarios y de estudiantes; plan
comunicacional diversificado según el público objetivo, poniendo en
conocimiento de estudiantes, docentes, funcionarios, proveedores, autoridades
públicas y ciudadanía en general, la información suficiente, acabada y adecuada
para cada público; plan de contención psicofísica diseñado y establecido con
antelación para brindar a las presuntas víctimas contención durante la
investigación; crear una comisión
integrada por profesionales de diversas disciplinas y experticia en la
materia para ejecutar el procedimiento
de investigación escrito y en el plazo máximo de treinta días (en el ámbito educativo) sesenta días, (en el ámbito laboral), evaluar el
riesgo, adoptar medidas de protección y prevención no estandarizadas,, mantener
en las más absoluta confidencialidad la identidad de la presunta víctima y de
quienes presten declaración, mantener en reserva todas las actuaciones y recomendar acciones acordes
a la resolución emitida; capacitar al
personal sumariante en las aristas especificas erradicando la posibilidad de
sanciones que no estén a la altura del derecho humano vulnerado; entre otras.
Una década después, no alarma lo que debería alarmar: estado de
situación, naturaleza de la cultura imperante, incumplimiento sistemático de
las obligaciones de fuente legal., cumulo de omisiones y no haber logrado
montar un sistema de respuesta mínima.
Impresiona que en realidad alarma a la comunidad académica que algunos casos puntuales hayan salido a la luz pública y que la gente se pregunte
cómo es posible que no sepan prevenir, y cuando pese a prevenir lo suficiente
la situación se sucede igual, que no sepan investigar, que no sepan sancionar a
quienes acosan sexualmente y que no sepan reparar a las víctimas.
En cualquier institución la violencia sexual como comportamiento y
la hipocresía como reacción provocan que se pueda seguir adelante a sabiendas
que el acoso sexual se sucede. Así como en las familias todos saben lo que hizo
el abuelo, pero se sientan en la cena de navidad a brindar con él, no dejan de
invitarlo a la comunión y puede que le toque el discurso en el casamiento del
nieto jugando a ser la ´Familia Ingalls´; también en las instituciones puede no ser ningún secreto
lo que hace desde hace mucho tiempo el grado 5 o lo que sucede en determinada cátedra o el matiz de modalidad especifica que se da a la violencia en
determinada facultad, o el escribano que cita a sus estudiantes en el estudio
particular, pero pueden convivir con ello. Y la hipocresía tiene esas
consecuencias, habilita el funcionamiento y acople de lealtades a la perfección
y ahí hurgando usted podría hasta llegar a encontrar a la esposa de un acosador
sexual publicando artículos académicos contra el acoso sexual, o al
representante sindical acosador sentado en una mesa donde se trate la
erradicación de la temática o a quienes
se han dedicado durante décadas a cubrir la violencia que otros ejercen
decidiendo cual será el mejor instrumento para no invisibilizar. Todo eso y más
podría llegar a suceder.
El primer examen que debió haber rendido la comunidad académica es
el de la hipocresía. Ninguna acción puede construirse en el marco de una
política de cero tolerancia si no se desactivan las lealtades, si no hace
énfasis en cómo opera el poder real – no de organigrama- a la interna
institucional. Porque ello, podría
conducir a algo tan inaceptable como por ejemplo que la denuncia de una
estudiante del interior que reside en una pensión y recibió videos de un
compañero de clase masturbándose, amenazándola con violarla y describiéndole como
le dolería la penetración vaginal y anal, se demore más de dos años sin
resolución, pero la denuncia de una pariente de un ex decano o un docente sea resuelta más
pronto de lo que canta un gallo. Y si eso se sucediera, estaría indicando que inmersos en el discurso
de ´investigamos y resolvemos´, en realidad se estaría reproduciendo una lógica de
poder, que en definitiva, sería exactamente la misma que explica el acaecimiento
del acoso sexual. Si no pueden con eso, no pueden con nada. Si danzaran al son de
las expresiones del poder en su forma ´mundo de Heidi´ que sería apurar una
resolución por un parentesco cercano, ni siquiera es probable que puedan
desactivar el ejercicio de poder en el marco de la violencia sexual, porque es
muy posible que estén sometidos a esa misma lógica.
El baño de realidad podría llevar a concluir, que es mucho más
digno decir a las víctimas de acoso sexual en el ámbito de la Udelar que
activen la protección a nivel judicial, no que se embarquen en denuncias
internas, porque lisa y llanamente no se posee una política de cero tolerancia.
Que el baño de realidad duele no hay duda. Pero si el énfasis está
en la situación de las víctimas y no en la reputación de la comunidad
académica, no debería someterse a las personas a una instancia que solo
multiplicará daños, la dejará sola con la significativa diferencia de haber
puesto palabras la violencia de la cual fue destinataria, con autoridades dando
entrevistas a la prensa sobre que hacen y que no hacen en sus investigaciones,
siendo que el expediente es reservado, con sesiones de los consejos donde no se
adopta el régimen de `secreto`, con actuaciones administrativas que ingresan en
el sistema informático con asunto, nombres
y apellidos en la caratula, con meses y más meses que superan en exceso y sin
justificación alguna el plazo legal máximo .
El cogobierno como una
perversa herramienta
Piense por un ratito que la Udelar toma la decisión de
involucrarse en la salud visual de quienes sufren cataratas e integran su
comunidad académica. Entonces para examinar la situación forma una comisión que
derivará a la cirugía. Pero en lugar de
integrar la comisión con profesionales de la oftalmología especializado en
cataratas, resulta que la integra con un representante del orden docente, otro
del orden estudiantil, un representante de los funcionarios, un representante
sindical de funcionarios del Hospital de Clínicas y uno de
Federación de Estudiantes Universitarios ¿ Usted confiaría su salud
visual en ellos?, Y si le dicen que
tiene que operarse ¿usted sometería sus ojitos a esa cirugía?, y si le dicen
que no tiene cataratas ¿ usted dejaría avanzar la ceguera?. Parece una
situación surrealista e incomprensible a sabiendas que la Udelar concentra
nuestro capital intelectual. No hay
ningún elemento objetivo que permita justificar que la salud visual de las
personas no esté en manos de profesionales oftalmólogos y si de representantes
sindicales, de gremios estudiantiles y de diversos órdenes.
Eso que carece de lógica, de seriedad y es un absurdo, constituye
la manera en la cual la Udelar ha conformado su Comisión Central de Prevención
y Actuación ante el Acoso y la Discriminación. Sus integrantes no son
profesionales de las áreas jurídica, psicológica, social, laboral con formación
específica y experticia en acoso sexual, sino que son “un delegado titular, con voz y
voto, por cada uno de los siguientes espacios: Pro Rectorado de Gestión, Comisión PCET-MALUR, División Universitaria
de la Salud, Programa de Salud Mental de UdelaR, AFFUR, UTHC , ADUR, FEUU, Egresados,
Red Temática de Estudios de Género de la UdelaR, Cada espacio contará además
con la cantidad de alternos y asesores que entienda necesario. Todos los espacios universitarios relacionados
con la temática, que no estén directamente representados en esta comisión,
podrán participar de las reuniones y coordinar actividades”. Es una juntada de barra de la comunidad académica, es una lista
más propia de una invitación a compartir un asado el fin de semana en el
Balneario Piriapolis, que de una comisión que tiene a su cargo –entre otras
tareas- la investigación de situaciones de acoso sexual.
Es el propio protocolo creado por la Udelar, el que encierra a la
institución en laberintos que no le permiten ajustarse a la norma y que
favorecen que el acoso sexual permanezca instalado. De hecho, cuando toda esa
barra enorme de gente sin formación en la temática debe resolver sobre lo que
no sabe, es necesario que lo hagan por consenso. Cualquier investigación sobre acoso sexual
tiene por único objetivo el esclarecimiento de los hechos y culmina una vez
esclarecidos resolviendo si la situación se subsume o no en la hipótesis legal.
Las comisiones que tienen a su cargo investigar siempre deben contar
con un número impar de integrantes. Ello se debe a que no se puede someter eternamente
el asunto a discusión. Pura y sencillamente porque hay un plazo legal con el
cual se debe cumplir,
por lo cual hay un momento para intercambiar y analizar el resultado de los
actos investigativos y un momento para decidir. Cuando hay consenso, lo hay.
Cuando no hay consenso se vota, y habrá una mayoría y una minoría. Increíblemente
el protocolo de la Comisión Central de la Udelar garantiza el sello de
impunidad de quienes acosan, ya que “Para definir recomendaciones en los procedimientos
de acoso y discriminación, la Comisión deberá resolver por consenso”. La previsión es un ejemplo de cómo se puede
crear un instrumento interno para reforzar las fuerzas que impiden se erradique
de la institución el acoso sexual.
Mediante un instrumento interno se creó una comisión que, en lugar
de estar integrada por profesionales con experticia en acoso sexual, está
integrada por una barra enorme de personas cuyo motivo para estar allí es la
pertenencia a determinado orden o sindicato, y a su vez es necesario que todas
esas personas estén de acuerdo, por ejemplo, en recomendar el inicio de un
procedimiento disciplinario a quien acosa. Y si uno de ellos o ellas no están
de acuerdo, no se puede hacer la recomendación.
Nada de ello, aminora su gravedad por la existencia de un equipo técnico.,
meramente auxiliar de la comisión que elabora un informe y se lo acerca. Esa previsión
es poner las cosas patas para arriba. Lo gravitante, lo principal, lo sustancial es por arte de protocolo en lo auxiliar.
Así las cosas, planteadas, parece bastante entendible las razones
por las cuales la Udelar no avanza, sino que retrocede varios casilleros.
Al haber transitado por la Udelar, la pregunta que me surge desde
que conocí el protocolo es: ¿desde cuándo una conquista histórica, una
herramienta y un orgullo como el cogobierno se convirtió en una perversa
herramienta para vulnerar los derechos humanos de las personas?; ¿que conduce a
una persona a aceptar ser parte de una comisión que requiere conocimiento y
habilidad específica, sin contar con aptitudes?, ¿qué ética se maneja cuando
hay que resolver sobre un tema que se desconoce?, ¿ por qué los órdenes, sindicatos
de funcionarios y la federación de estudiantes se involucran en algo así?; ¿
negociaron este protocolo, como si los derechos a los que refieren no fueran
indisponibles o irrenunciables?.
En definitiva, una comisión que debe investigar y resolver una situación
de violencia sexual en modalidad de acoso en ámbitos laboral o educativo, es en
su composición y numero, diametralmente opuesta a lo que prevé el protocolo de
la Udelar.
Y también me pregunto, si se atreverían a hacer lo mismo si de
cirugías de cataratas se tratara el asunto.
La ley, guste o no, está vigente.
Cada vez que una institución pública o privada, laboral o
educativa, a contra norma se auto inventa una manera de prevenir, intervenir, investigar,
sancionar y reparar, está incumpliendo con obligaciones que la ley pone a su
cargo y se activa la responsabilidad desde el punto de vista jurídico. Y las
víctimas tienen derecho a activar un proceso de protección y demandar la reparación
no solo del sujeto activo de la violencia (esto es quien ejecutó los
comportamientos de naturaleza sexual), también de la institución.
Es imprescindible que la Udelar recupere los casilleros perdidos y
arranque de cero, otra vez, nuevamente, que se permita un baño de realidad, que se
despoje de la hipocresía, que reconozca y desactive las lógicas de poder que se
ejercen a su interna y que lo haga con seriedad, rigurosidad, recursos humanos
calificados y materiales suficientes, sin negociaciones, pensando instrumentos
que mejor se ajusten a su realidad con el único objetivo de cumplir con la
norma. . Si el ejercicio del poder a la interna de la academia es tan jodido o si las fuerzas retardatarias son mayores que las ganas de avanzar, es
mejor que no exista ningún instrumento, porque la Udelar tiene que cumplir con
la ley, con o sin protocolo.
La
última década en Uruguay trajo – no por generación espontánea - una
grieta a lo que históricamente fue lisa y llanamente la aceptación a la
violencia sexual en esos ámbitos. Quien meridanamente se haya acercado al
estudio o la temática de derechos humanos de las humanas, sabe que esa grieta no
es asimilable a un cambio de la cultura imperante y que si bien nos da
cuenta que algo bueno está sucediendo, no puede conceptualizarse más allá de un
incipiente proceso de cambio, que como tal, ya sabemos cuántas décadas –
en el mejor de los casos- podrá extenderse en el tiempo.
Hasta tanto eso suceda, también es imprescindible que las víctimas
de acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo de la Udelar, sepan que no están
obligadas a denunciar la situación a la interna institucional, ni someterse a que su nombre esté en asambleas gremiales, ni su caso en boca de autoridades dando entrevistas a la prensa. Si ya denunciaron, no tienen por qué aguardar durante años una resolución que debió adoptarse en
un plazo de treinta días (en el ámbito educativo) y sesenta días (en el ámbito laboral), y deben saber que existen vías judiciales por las cuales buscar
protección y reparación.
Muy buen artículo Marina, gracias. Insisto que debería verlo el Rector porque, con co gobierno y todo...donde manda capitán...los soldados se esmeran en cumplir!
ResponderBorrar...ya que todo sí está escrito, el equipo interventor debería estar en ayunas de asado y RESOVER!...abrazo