Sin excluidas ni recortes. Para que ninguna quede atrás.

Instalado el tema en la agenda parlamentaria, el enorme desafío que hoy tenemos desde el movimiento de mujeres y feminista, es aportar en términos cualitativos a enriquecer el desarrollo del debate y coadyuvar de esa manera a superar las resistencias que aún persisten.

Luego de tantos años de reivindicaciones, de denuncia nacional e internacional, de marchas, reclamos, observaciones de organismos internacionales y reconocimiento estatal respecto a la necesidad de superar el marco normativo actual, entendemos que es posible avanzar. Lo que la modificación se llevó durante el estudio de la Comisión de  Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, confiamos en que la Cámara de Senadores o en su defecto la Cámara de Diputados habrá de revisar y así lo estamos peticionando en ésta correspondencia colectiva y abierta  a la ciudadanía en general, a las autoridades y a quienes hacen las leyes en el país.

Somos conscientes del momento histórico que significará pasar a contar en nuestro ordenamiento con una norma que de manera integral afronte las múltiples manifestaciones de violencias. También de todos aquellos infames laberintos que las víctimas aún recorren,  sin encontrar una respuesta legal  completa, adecuada y eficaz.

Sabemos que las normas formalmente promulgadas son apenas parte de la respuesta ante la problemática de origen multicausal, y no por ello menos importante. Consideramos al derecho como una dimensión indispensable para alcanzar  las transformaciones urgentes y necesarias. Para nuestro movimiento no tendrá mayor valor arribar a esta meta si hay mujeres que la ley olvida y deja rezagas, o hay situaciones que pudiendo contemplar no lo hace, u obligaciones estatales que se pretenden desconocer. No nos es posible  admitir que se haya dejado  a las personas intersex sin la debida protección ante los procedimientos quirúrgicos innecesarios a los que son sometidas, con el sólo afán de etiquetarlas. Carece de sentido que no se contemple la tipología ambiental del acoso callejero, siendo la más común de encontrar. Nos preocupa que la legislación no haya prohibido la utilización de una herramienta tan perversa y justificadora del abuso sexual, como lo es el supuesto síndrome de alienación parental inventado por un pedófilo confeso para descreer de la palabra de las víctimas. No compartimos que se haya vaciado de contenido explicativo la propia definición de violencia obstétrica, al suprimir las referencias al trato, a la medicalización y la patologización en los términos que contenía la redacción originaria en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Pensamos que haber eliminado el reconocimiento a que los derechos vulnerados en situación de violencia intrafamiliar son derechos humanos, implica un enorme retroceso en una reivindicación que ya habíamos logrado en éste país. No  compartimos  que se suprima una modalidad de abuso sexual especialmente agravado, porque así se habilitará impunidad.  Consideramos indispensable que el Estado asuma el compromiso de incidir positivamente en  la eliminación de la dominación  de la mujer sustentada en estereotipos, porque con la realidad del país demuestra que con promoción no ha sido suficiente. No compartimos que se desconozca el deber de la debida diligencia con el que hay ejecutar todas y cada una de sus acciones estatales, dando a nuestra sociedad y especialmente a las victimas sobrevivientes las mayores garantías, entre ellas de no repetición. Resulta inaceptable que se haya debilitado las garantías referidas a la vivienda,  a sabiendas que hoy constituye una de las mayores dificultades que enfrentan las victimas retardando su proceso de salida a la situación de violencia. No compartimos que se haya suprimido la previsión de grave riesgo y dejado  sin protección a  niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, cuando la persona  agresora solicita su restitución internacional. En resumidas cuentas, las mujeres hemos esperado tanto que no aceptaremos que ninguna quede en el camino. 

Si el Estado uruguayo planifica contar con una ley integral que garantice a las mujeres una vida libre de violencia de género y para ello elige el marco de la fecha conmemorativa del 25 de noviembre, que sea con responsabilidad y respeto a todas aquellas que no están, a las que han sobrevivido no exentas de graves secuelas y sobre todo a las que vendrán.

En Uruguay las nuevas generaciones merecen contar con un marco normativo sustancialmente mejor al que a nosotras nos ha tocado. Para que ello exista en la vida de quienes vendrán, nuestro movimiento trabaja hace tiempo y el parlamento hoy tiene la posibilidad  de marcar la diferencia. Que esa diferencia no deje a ninguna ni nada por el camino. 

ACCESO AL DOCUMENTO EN PDF:
"SIN EXCLUIDAS NI RECORTES. Para que ninguna quede atrás".