Proclama de la OSC contra Explotación Sexual e Impunidad

Las organizaciones sociales que hoy nos auto-convocamos, exigimos un sistema de justicia nacional que garantice los derechos humanos, y no, que garantice la impunidad de quienes los violan.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es una grave violación a los derechos humanos, y cualquier pronunciamiento judicial que absuelva a sus perpetradores y responsables merecerá de nosotros, el enfático rechazo.
Nos conmociona nuestra realidad y por eso hacemos un llamamiento a la sociedad uruguaya, para que tome conciencia de la real dimensión de éstos hechos y no se mantenga indiferente: vivimos en un país en el cual hoy, los adultos negocian cuánto vale, que precio tiene abusar sexualmente del cuerpo de las niñas, niños y adolescentes, como si fueran una mercancía.
Nos indigna saber que negocian sus cuerpos, que pactan un precio, que hay clientes que los compran y pagan; otros que los venden y lo cobran, que hay comisiones e intermediarios, y con facilidad se gira dinero y los trasladan como paquetes por encomienda de un punto a otro del país o de los departamentos y los entregan a los perpetradores para que los exploten sexualmente. Nos preocupa saber que en virtud de complicidades varias y de omisiones institucionales, la mayoría de los casos de explotación sexual adolescente ni siquiera llegan a ser judicializados.
El Estado Uruguayo tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de delitos, conforme corresponde con el principio y deber de debida diligencia, obligación asumida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado. El Poder Judicial forma parte fundamental del Estado Uruguayo, y como tal debe responder con pronunciamientos jurisdiccionales que se encuentren a la altura de estilo que requieren la protección de derechos fundamentales.
Que nadie confunda nuestra presencia. No venimos a la puerta de la Suprema Corte de Justicia por simple disgusto, tampoco a cuestionar ni las facultades, ni la legitimidad, ni la independencia técnica de los funcionarios/as públicos que se despeñan como magistrados/as, para en el ejercicio de su función y ante un caso concreto, valorar los hechos y pronunciarse de la forma en que mejor lo consideren. Ese es su trabajo, su función, y lo respetamos.
Las organizaciones sociales tampoco venimos para enjuiciar a ninguna persona en particular, porque nuestro rol es otro. Nosotras no somos empleados/as del poder judicial, no somos jueces/as y tampoco pretendemos serlo.
Llegamos hasta acá, no como la simple sumatoria de voluntades aisladas. Nos distingue la pertenencia a organizaciones que históricamente vienen trabajando a diario, para que los derechos humanos sean una realidad de vida en éste país, y no letra fría de la ley o un mero discurso institucional para la galería internacional.
Nuestro derecho a la participación y control social hace al desarrollo democrático de éste país, y lo ejercemos sobre la gestión y calidad de los servicios públicos en todos los poderes del Estado.

Para fortalecer nuestra democracia necesitamos de un poder judicial que no nos coloque vallas; un poder judicial capaz de comprender y respetar nuestro rol, un poder judicial al que no le preocupe que ejerzamos nuestro derecho a manifestarnos y expresar libremente nuestro pensamiento.
El Estado Uruguayo, debe garantizar “una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, frente a actos de violencia contra las mujeres” (CIDH). No solo porque las organizaciones y ciudadanía en general se lo exijan, sino porque es una obligación que el Estado Uruguayo asumió a nivel internacional y debe cumplir.
Y con éste lineamiento, hoy manifestamos:
1-Las adolescentes sometidas a explotación sexual son víctimas de este tipo de delito y dadas las condiciones de desventaja y la violencia a las que se las somete, tanto física como psíquicamente, las adolescentes víctimas no son responsables en ninguna medida.
2-La utilización de su historia sexual como forma de justificación o atenuación de la responsabilidad de los perpetradores es un nuevo delito contra su persona y es considerada prueba ilícita según los estándares internacionales.
3-Resulta fundamental destacar que la aceptación por parte del niño o la niña de la transacción resulta irrelevante, más aún en contextos de coercibilidad, tal como lo establecen las principales normas internacionales.
4-Son responsable del delito todas las personas que contribuyen, y bajo ningún concepto debería permanecer impune quien realizó retribuciones en dinero y en especie, a una adolescente para mantener relaciones sexuales con ella.
5- Consideramos que los sistemas de justicia de cualquier país, juegan un rol vital en el respeto y fortalecimiento de la democracia. Y como parte de este proceso, es nuestro compromiso desactivar todos los sesgos que afectan negativamente a las víctimas.
6- Para que los órganos judiciales respondan ante estas situaciones con efectividad y justicia resulta imprescindible revisar y eliminar las concepciones adulto céntricas, estereotipos sexistas y prejuicios de clase que sustentan estos delitos y contaminan luego su análisis, evaluación, e incluso la interpretación misma de la ley.

Finalmente las organizaciones reiteramos nuestro compromiso de agotar todas las instancias nacionales y activar las internacionales, para que el Estado Uruguayo cumpla cabalmente su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual. Y en caso de incumplimiento a esas obligaciones, que el Estado asuma su responsabilidad ante las víctimas, la sociedad uruguaya y la comunidad internacional.
Hoy somos: AGENCIA VOZ Y VOS AIRE.UY AMNISTÍA INTERNACIONAL – URUGUAY S.A.I. PROGRAMA ARCOIRIS CAINFO CASA DE LA MUJER DE LA UNIÓN CENTRO INTERDISCIPLINARIO CAMINOS CIRE – CIUDADANÍAS EN RED CLADEM-URUGUAY CLAI CNS MUJERES POR DEMOCRACIA EQUIDAD Y CIUDADANÍA COMITE DE LOS DERECHOS DEL NIÑO COLECTIVA MUJERES COLECTIVO LA PITANGA COMITÉ DE LUCHA CONTRA LA V.D. CIUDAD DE LA COSTA COTIDIANO MUJER COOPERATIVA MUJER AHORA
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Somos nosotros quienes decimos con voz firme, humilde, y clara que exigimos un sistema de justicia nacional que garantice los derechos humanos, y no, que garantice la impunidad de quienes los violan.

FOTOS: ALVARO GONZÁLEZ NOVOA