Diez años después

FUENTE: LA DIARIA

Por: Amanda Muñoz

El Poder Judicial implementará una serie de buenas prácticas propuestas por organizaciones en casos de violencia de género.

Ayer fue un día de fiesta para las 104 organizaciones sociales que en junio presentaron una acción de petición a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que erradicara una serie de prácticas catalogadas como “deficientes” por los colectivos. Por primera vez, relataron las mujeres en conferencia de prensa, la SCJ se sumó a esta especie de rendición de cuentas en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de lucha contra la Violencia hacia las Mujeres: dio cuenta de lo avanzado en la temática y difundió la adopción de las sugerencias recibidas.

Los cuatro ministros en funciones de la SCJ dieron ayer una conferencia de prensa; Ricardo Pérez Manrique fue el encargado de sintetizar la información. Destacó que “la violencia de género es un tema de derechos humanos que está expresamente previsto por la protección constitucional y además por el derecho internacional”.

Reseñó brevemente la instrumentación de la Ley 17.514 de Violencia Doméstica, aprobada en 2002, y consideró que “hoy estamos en un proceso de revisión y de monitoreo permanente, a los efectos de mejorar el funcionamiento del servicio de justicia”. Aclaró que además de proteger a las mujeres, comprende a niños y ancianos.

Acordada

Basada en el petitorio de las organizaciones sociales, la SCJ elaboró una acordada -un acuerdo entre los ministros que rige como norma para todos los procesos judiciales, que tiene vigencia desde el lunes 26. Se estableció la prohibición de confrontación entre víctima y agresor y lacomparecencia conjunta. En cuanto a la “inconveniencia de emitir pronunciamientos genéricos”, las organizaciones ejemplificaban este punto con pronunciamientos de los jueces como “intímese a las partes a evitar conflictos”. Se pactó evitar que los magistrados adopten medidas de protección recíprocas cuando la que agrede es sólo una parte.

Deberá asegurarse el cumplimiento de las medidas cautelares y el Poder Judicial asumió la tarea de supervisarlas. Pérez Manrique opinó que “asegurar que el sistema de protección sea eficiente” es “uno de los problemas centrales”, y dijo que deberá acudirse “a todos los recursos que existan en el territorio para poder supervisar estas medidas”.

El juez deberá “fundar todas las resoluciones adoptadas” (los colectivos pedían terminar con “las resoluciones infundadas y telefónicas”). Se acordó liquidar con la “multiplicidad de procesos”, especialmente cuando las víctimas son niños: se propone una “respuesta integral e inmediata a la situación” para no dilatar las soluciones. Se deberán comunicar las conductas con apariencia delictiva, evitar la ordinarización del proceso, hacer audiencias evaluatorias en caso de que se adopten medidas de protección a las víctimas. Los asuntos no podrán ser archivados ante la inasistencia del denunciante o levantamiento de la denuncia, porque la víctima puede ser presionada; además, se entiende que es un asunto “de orden público”, dijo el magistrado. Los jueces deberán comunicar por oficio al Banco de Previsión Social de los casos que ameriten la pensión a niños huérfanos por violencia doméstica.

Marca en el almanaque

El 7 de junio, cuando las organizaciones entregaron la petición consideraban que era un día histórico, porque era la primera vez que se realizaba una acción de ese tipo ante la SCJ. Ayer también fue un día histórico, por lo que festejaron. Hicieron una conferencia de prensa inmediatamente después de la brindada por la SCJ.

Marina Morelli Núñez, integrante de Mujer Ahora, leyó las valoraciones en nombre de las organizaciones. El texto remarcó que la respuesta judicial frente a actos de violencia contra las mujeres debe ser “idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial” y que la ciudadanía tiene derecho a participar en el diseño de las políticas judiciales.

Sostuvieron que la práctica forense establecía “una brecha entre lo previsto por la Ley 17.514 y lo que se vivía en los juzgados”. Después de 170 días de “larga” espera, recibieron el martes la respuesta de la SCJ; valoraron que ésta estuvo “a la altura del estilo que requiere la temática de derechos humanos” y que en lugar de hacer silencio, las autoridades “decidieron estudiar el expediente, involucrarse con los complejos y áridos aspectos que éste contenía y finalmente emitir un pronunciamiento a la sociedad civil”.

Ahora las organizaciones toman el desafío de dar seguimiento al cumplimiento de la acordada.

Ana Lima, integrante del Cladem, destacó la importancia de que las autoridades hayan dado “mensajes claros” y que “es un respaldo” para magistrados y magistradas porque “a veces es una tarea solitaria”.

El único punto de la petición que no recogió la acordada fue la elaboración de estadísticas e indicadores. Pero los ministros aclararon que no se hizo porque la forma de viabilizarlas no es mediante este mecanismo.

Además, la SCJ anunció la creación de un sistema único de registro de las denuncias.