Estado de Guatemala - Caso Molina Theissen

COMUNICADO

Organizaciones Internacionales exhortamos al Estado de Guatemala a garantizar el acceso a la justicia en  el juicio Molina Theissen

Ciudad de Guatemala, San José, Washington DC.-  11 de abril del 2018.- Desde el pasado 1 de marzo, el Tribunal de Mayor Riesgo C comenzó el juicio que deberá determinar la responsabilidad penal de cinco militares de alto rango acusados de delitos de deberes contra la humanidad, por la detención ilegal, tortura y violación sexual de Emma Molina Theissen y la posterior desaparición forzada de su hermano de 14 años, Marco Antonio. 

Las organizaciones que adscriben a este pronunciamiento manifestamos nuestra profunda preocupación ante las acciones que tendrían como fin dilatar el proceso de obtención de justicia para la familia Molina Theissen, después de casi 37 años de ocurridos los hechos. Asimismo, hacemos público nuestro rechazo a las prácticas revictimizantes para la familia y que muestran una clara intención de amedrentar a quienes participan del proceso. 

El pasado 9 de abril, la defensa de los acusados presentó una recusación contra el presidente del tribunal, Pablo Xitumul, porque su padre habría sido víctima de desaparición forzada en el año 1981, lo cual ellos aducen significa que el juez guarda odio a los militares y no puede ser un juez imparcial en este caso. Ante esto, el tribunal resolvió que los hechos referidos por los abogados de la defensa no guardan ninguna relación con el caso actual, y que los imputados no estuvieron de alta en Rabinal en 1981. A su vez, el tribunal aseguró que contrario a lo que aducen los abogados de la defensa, el Juez Xitumul no tiene relación ni enemistad con las partes, y ha demostrado absoluta imparcialidad en el caso, como corresponde. 

Los abogados de la defensa han apelado la decisión del tribunal. Ante ello, las organizaciones advertimos que no existen causales objetivas para una recusación, por lo que consideramos que el recurso debe ser rechazado de plano y se debe continuar con el juicio sin más dilación.

El tribunal que conoce el caso ha dado un trato digno a los acusados y se ha esforzado en garantizar en todo momento el derecho de defensa de los acusados. Señalamos por tanto que este argumento es improcedente y que representa un intento malicioso por obstaculizar la justicia. 

Por otra parte, durante juicio, los imputados y sus representantes han intentado descalificar el proceso, acusando al tribunal de carecer de imparcialidad y de tratarse de “una farsa”, como lo expresó Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala en 1981, durante su declaración. Asimismo, familiares de los acusados han amedrentado a varios asistentes al debate y sus abogados han revelado información confidencial de testigos/as protegidos/as.

Recordamos que, desde el año 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Guatemala por el presente caso y le ordenó, entre otras medidas, garantizar la justicia por las graves violaciones cometidas en perjuicio de la familia. En el 2015, le recordó al Estado su obligación de “investigar, enjuiciar y sancionar sin permitir que el ejercicio de recursos (dilatorios) constituya un obstáculo en el acceso a la justicia de las víctimas".

Dicho esto, exhortamos a las autoridades asegurar que el juicio se desarrolle sin obstáculos y con las debidas garantías para todas las personas qxue intervienen en el proceso. Exigimos también, que este juicio debe sea un proceso reparador y no revictimizante para la familia, que ha buscado justicia por casi cuatro décadas. 

Organizaciones firmantes:
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Impunity Watch
- Robert F. Kennedy Human Rights
- Washington Office on Latin American (WOLA)
- Guatemala Human Rights Commission (GHRC)